Pacto de San José da Costa Rica pdf

CONVENCIÓN

AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS

Esta publicación fue realizada por el Área de Publicacio-

nes de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo

Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

de la Nación.

Av. del Libertador 8151

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.derhuman.jus.gob.ar

Hecho el depósito que establece la Ley N

o

11.723

Impreso en la Argentina

1

a

edición: abril de 2016

© Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

Organización de los Estados Americanos

Convención Americana sobre Derechos Humanos. -

1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secreta-

ría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2016.

56 p. ; 13 x 9 cm. - (De bolsillo)

ISBN 978-987-4017-09-3

1. Normativa de Derechos Humanos.

CDD 323

Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Dr. Germán Garavano

Secretario de Derechos Humanos

y Pluralismo Cultural

Lic. Claudio Avruj

La Secretaría de Derechos Humanos y Plura-

lismo Cultural presenta la Constitución Nacional

y los instrumentos jurídicos internacionales con

jerarquía constitucional, adoptados en los ámbitos

universal y regional.

Se trata de declaraciones, pactos, convenciones

y protocolos incorporados en el artículo 75, inciso

22, de la Constitución, en la reforma de 1994, o

cuya jerarquía constitucional fue otorgada por leyes

posteriores, y deben entenderse como complemen-

to de los derechos y garantías en ella reconocidos.

Estos instrumentos se refieren a derechos, de-

beres y libertades de todas las personas; a derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;

de niños, niñas y adolescentes; de las personas con

discapacidad; a la prevención y sanción del geno-

cidio; a la eliminación de la discriminación racial

y contra la mujer; a la prevención y erradicación

de la tortura y la desaparición forzada, y a la im-

prescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa

humanidad.

Estas ediciones, publicadas en la colección De

Bolsillo, se proponen contribuir a la promoción y

protección de los derechos humanos.

Convención Americana

sobre Derechos Humanos

(Pacto de San José

de Costa Rica)

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana

sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica,

Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.

Entrada en vigor: 18 de julio de 1978,

de conformidad con el artículo 74.2.

Preámbulo

Los Estados Americanos signatarios de la presente

Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este

continente, dentro del cuadro de las instituciones

democráticas, un régimen de libertad personal y de

justicia social, fundado en el respeto de los derechos

esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del

hombre no nacen del hecho de ser nacional de de-

terminado Estado, sino que tienen como fundamento

los atributos de la persona humana, razón por la cual

justifican una protección internacional, de naturaleza

convencional coadyuvante o complementaria de la

que ofrece el derecho interno de los Estados ameri-

canos;

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Considerando que estos principios han sido con-

sagrados en la Carta de la Organización de los Esta-

dos Americanos, en la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos que han sido re-

afirmados y desarrollados en otros instrumentos inter-

nacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, sólo puede rea-

lizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor

y de la miseria, si se crean condiciones que permitan

a cada persona gozar de sus derechos económicos,

sociales y culturales, tanto como de sus derechos ci-

viles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Intera-

mericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó

la incorporación a la propia Carta de la Organización

de normas más amplias sobre derechos económicos,

sociales y educacionales y resolvió que una conven-

ción interamericana sobre derechos humanos deter-

minara la estructura, competencia y procedimiento

de los órganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:

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Parte I. Deberes de los Estados

y Derechos Protegidos

Capítulo I. Enumeración de Deberes

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se com-

prometen a respetar los derechos y libertades recono-

cidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin dis-

criminación alguna por motivos de raza, color, sexo,

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier

otra índole, origen nacional o social, posición econó-

mica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona

es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones

de derecho interno

Si en el ejercicio de los derechos y libertades

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garan-

tizado por disposiciones legislativas o de otro carác-

ter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las

disposiciones de esta Convención, las medidas legis-

lativas o de otro carácter que fueren necesarias para

hacer efectivos tales derechos y libertades.

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Capítulo II. Derechos Civiles y Políticos

Artículo 3. Derecho al reconocimiento

de la personalidad jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de

su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete

su vida. Este derecho estará protegido por la ley y,

en general, a partir del momento de la concepción.

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de

muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más

graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada

de tribunal competente y de conformidad con una

ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad

a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su

aplicación a delitos a los cuales no se la aplique ac-

tualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los

Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de

muerte por delitos políticos ni comunes conexos con

los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a perso-

nas que, en el momento de la comisión del delito,

tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de

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setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de

gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene de-

recho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmu-

tación de la pena, los cuales podrán ser concedidos

en todos los casos. No se puede aplicar la pena de

muerte mientras la solicitud esté pendiente de deci-

sión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la integridad personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su

integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas

o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda per-

sona privada de libertad será tratada con el respeto

debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del

delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los

condenados, salvo en circunstancias excepcionales,

y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su

condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados,

deben ser separados de los adultos y llevados ante

tribunales especializados, con la mayor celeridad po-

sible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán

como finalidad esencial la reforma y la readaptación

social de los condenados.

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Artículo 6. Prohibición de la esclavitud

y servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servi-

dumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la

trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un tra-

bajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos

delitos tengan señalada pena privativa de la libertad

acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no

podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe

el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o

tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afec-

tar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual

del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio

para los efectos de este artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normal-

mente de una persona recluida en cumplimiento de

una sentencia o resolución formal dictada por la au-

toridad judicial competente. Tales trabajos o servicios

deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las

autoridades públicas, y los individuos que los efec-

túen no serán puestos a disposición de particulares,

compañías o personas jurídicas de carácter privado;

b. el servicio militar y, en los países donde se ad-

mite exención por razones de conciencia, el servicio

nacional que la ley establezca en lugar de aquél;

c. el servicio impuesto en casos de peligro o ca-

lamidad que amenace la existencia o el bienestar de

la comunidad, y

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d. el trabajo o servicio que forme parte de las

obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la

seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física,

salvo por las causas y en las condiciones fijadas de

antemano por las constituciones políticas de los Esta-

dos Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o en-

carcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser in-

formada de las razones de su detención y notificada,

sin demora, del cargo o cargos formulados contra

ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser

llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales

y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de

que continúe el proceso. Su libertad podrá estar con-

dicionada a garantías que aseguren su comparecen-

cia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho

a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de

que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su

arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o

la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cu-

yas leyes prevén que toda persona que se viera ame-

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nazada de ser privada de su libertad tiene derecho a

recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que

éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho

recurso no puede ser restringido ni abolido. Los re-

cursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio

no limita los mandatos de autoridad judicial compe-

tente dictados por incumplimientos de deberes ali-

mentarios.

Artículo 8. Garantías judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por

un juez o tribunal competente, independiente e im-

parcial, establecido con anterioridad por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación penal formula-

da contra ella, o para la determinación de sus dere-

chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de

cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene dere-

cho a que se presuma su inocencia mientras no se

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igual-

dad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuita-

mente por el traductor o intérprete, si no comprende o

no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado

de la acusación formulada;

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